La aprobación del último Decreto Legislativo N° 1585 sobre el deshacinamiento de los establecimientos penitenciaria y la singular designación del nuevo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, envían un mensaje negativo a la población sobre el interés o capacidad del gobierno de la Sra. Dina Boluarte, en combatir el delito y el crimen organizado en el país; lo que no solo afecta la seguridad y su capacidad de atraer inversiones, sino que pone en cuestión la estabilidad del propio régimen.
Delincuentes a la calle
Mientras millones de peruanos exigen una acción concreta y rápida para combatir y detener los robos y extorsiones, el Gobierno promulgó el Decreto Legislativo n° 1585 que otorga beneficios de libertad con vigilancia electrónica a delincuentes relacionados a delitos de hurto simple, hurto agravado y tráfico ilícito de drogas en su delito base, que son los delitos de mayor incidencia en el país. Esto demuestra la ausencia de una estrategia común para enfrentar y resolver el problema de la inseguridad ciudadana; porque mientras la PNP se esfuerza en ubicar y capturar a los delincuentes, el Ministerio de Justicia los excarcela.
Esta percepción se refuerza con la designación a última hora del actual ministro del Interior, Víctor Torres Falcón; quién en sus primeras 48 horas no ha anunciado ningún cambio en la política de lucha contra la inseguridad ciudadana, lo que demostraría que, desde la PCM, existió un interés mayor por mantener el statu quo en la gestión del citado ministerio que realizar los cambios que la ciudadanía exige.
Lo grave es que el contexto político social del país no es estable; por un lado, se anuncian marchas para el 7 de diciembre en el sur del país con la conflictividad política relacionada, por el otro lado, los resultados negativos en seguridad ciudadana y la gestión económica, así como el impacto negativo del fenómeno del niño, crean un contexto de debilidad en el gobierno que no tiene base sólida para ser remontada sino realiza un cambio de timón evidente y claro en materia de gestión pública.
Por ello, si el gobierno de la señora Dina Boluarte desea llegar hasta julio del año 2026, se encuentra en la obligación de realizar un cambio completo del gabinete de ministros, para inyectar nuevas ideas y estilos de gestión, pero, sobre todo, para mostrar el liderazgo que la población reclama.
El riesgo es incrementar la inestabilidad política y social del país, con resultados insospechados.
