Rol del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia

La liberación de trece extranjeros detenidos en Cañete por el presunto delito de extorsión en la modalidad del “gota a gota”, a pesar de haber sido detenidos con arma de fuego, pusieron en debate nuevamente, el rol del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia y la utilidad del modelo procesal garantista que nos rige hasta la fecha.

Es mi opinión, la concepción “garantista” del código procesal penal, pensada inicialmente para proteger al ciudadano de los abusos del Estado, ha terminado favoreciendo a los delincuentes. Esto ha sucedido en los casos de sicarios como los de ‘Maldito Chris’ y ‘Chala’, que fueron liberados y siguieron delinquiendo.

Así también, en las investigaciones de gran corrupción como Odebrecht, Graña y Montero y Susana Villarán, donde hasta la fecha no hay nadie sentenciado. Esto, unido a una notoria inestabilidad organizacional demostrada en los casos de los fiscales de la Nación, Chavarri y Benavides, ha contribuido a crear una cultura de impunidad que solo favorece a los delincuentes.

Identificar a los responsables

Es fundamental identificar a los responsables de esta situación que solo podría originarse por tres razones: Impericia, amenaza o corrupción. En primer lugar, si la mala actuación se debe a impericia, la responsabilidad recae sobre la Junta Nacional de Justicia y la Academia de la Magistratura. En segundo lugar, si es por amenaza, la responsabilidad es del poder político, que no proporciona los recursos legales y presupuestarios necesarios para su protección.

Si se trata de corrupción, como en el caso del Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Sur, quien ha sido detenido por solicitar una coima de 700 soles, la responsabilidad es de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el órgano de control del Ministerio Público que fallan en sus mecanismos de selección y control.

Por otro lado, las deficiencias en el diseño organizacional de las instituciones de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, permiten que jueces y fiscales supremos permanezcan 10 o más años en sus cargos, a pesar de llegar a ocupar el puesto más importante como fiscal de la Nación o presidente de la Corte Suprema. Esto crea organizaciones burocráticas donde se forman espacios de poder que no están acordes con su rol constitucional.

¿Cuál es el problema?

En estos momentos, donde el crecimiento del crimen organizado y la delincuencia común nos desborda, es necesario aceptar que el principal problema de la inseguridad ciudadana es que estamos en un proceso de descomposición judicial. Por ello, urge reformar el sistema de justicia; primero, cambiando el modelo garantista por el modelo penal del enemigo, que considere al delincuente como un enemigo del Estado y la sociedad.

Segundo, la Policía Nacional del Perú debe dirigir la investigación criminal; tercero, se debe aprobar una norma de excepción para el juzgamiento rápido de los delitos relacionados al crimen organizado y delitos violentos, protegiendo la identidad de jueces y fiscales. Cuarto, el Estado debe invertir fuertemente en tecnología y equipamiento policial; quinto, se debe fortalecer las labores de contra inteligencia para detectar a los funcionarios corruptos en cada uno de los actores del sistema de justicia, y finalmente, modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y Poder Judicial para garantizar la renovación permanente.

Para lograr esto, el ministro del Interior debe cumplir su rol político, de lo contrario nada cambiará, y los ministros seguirán sucediéndose sin pena ni gloria.

¡El momento es ahora!