Según la Confiep más de 12 mil bodegueros han sufrido extorsiones el 2023. Esto sería solo la punta del iceberg, ya que las cifras por extorsión siguen creciendo y el Gobierno no toma acciones que combatan este avance de la criminalidad.
Según data del SIDPOL de La Policía Nacional del Perú (PNP), en los meses de enero y febrero 2024, han ocurrido cerca de 20 000 hechos por extorsión a nivel nacional, lo que implicaría un aumento de ocho por ciento, en relación al mismo periodo del año pasado.
Si consideramos que este tipo de delitos son silenciosos, la cifra podría ser mucho mayor, debido al nivel de informalidad de nuestra economía que asciende al 70%; lo que nos haría suponer que, en realidad, en estos dos primeros meses habrían ocurrido cerca de 70 000 actos extorsivos, cuyos afectados en su gran mayoría estarían pagando dichos cupos.
Además, la extorsión es solo una fracción del problema, ya que la población se encuentra aterrada por los secuestros, robo de celulares, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas y delitos tecnológicos, entre otros, y para enfrentarlos no tenemos una institución policial respaldada y protegida por el poder político.
Ahí radica el verdadero rol del ministro del Interior: apoyar políticamente el accionar de la policía, conseguir presupuestos, establecer objetivos y, sobre todo, brindar seguridad al personal policial de que no será perseguido injustamente por cumplir su rol policial; pero para ello se requiere liderazgo, conocimiento y decisión de cambiar las cosas.
La PNP carece de presupuesto para enfrentar al crimen organizado, el cual se fortalece cada vez más, por ello se hace urgente el cambio de la doctrina de lucha contra el delito en nuestro país. Ese es el reto que el actual ministro del Interior y sus antecesores no han logrado asumir y cumplir; por ello se requiere ya un cambio del titular de ese sector.
El momento es ahora.
