El verdadero riesgo no es la crisis actual, sino el país que estamos debilitando sin darnos cuenta.
El reciente cambio del gabinete Miralles no es un hecho aislado, sino la manifestación de un problema más profundo: un modelo político que opera bajo presión constante, reaccionando a coyunturas y no a la necesidad de construir estabilidad.
Esto se explica porque en los últimos años se ha consolidado una lógica política basada en el conflicto permanente, donde instrumentos como la vacancia presidencial han dejado de ser excepcionales para convertirse en mecanismos de presión y negociación de poder. Esta práctica ha distorsionado el funcionamiento del sistema, generando inestabilidad política, afectando las expectativas económicas y debilitando progresivamente la institucionalidad.
Esta situación crea un factor crítico en el proceso electoral: la percepción ciudadana de que el sistema político ha dejado de servir al interés público, instalándose una lógica de rechazo. En ese contexto, el voto deja de ser una herramienta de elección racional y se convierte en un instrumento de castigo.
El cambio de gabinete, a pocas semanas del proceso electoral, transmite la idea de una política desconectada de las prioridades del país, más preocupada por la sobrevivencia que por la conducción. Este escenario alimenta el desencanto y fortalece un voto que no busca necesariamente una mejor opción, sino castigar el statu quo.
Por tanto, el próximo gobierno —independientemente de su orientación— podría llegar no tanto por la solidez de su propuesta, sino como consecuencia del hartazgo acumulado de la ciudadanía. Este fenómeno es especialmente relevante, porque revela una crisis de representación que no se resuelve con el reemplazo de actores, sino con cambios en la forma de hacer política.
En ese sentido, el debate de fondo no es ideológico, sino funcional. La clave no estará en si el próximo gobierno es de izquierda o de derecha, sino en su capacidad para restablecer condiciones básicas de gobernabilidad: ordenar el Estado, recuperar la confianza y garantizar reglas claras. Sin estos elementos, cualquier proyecto político, por más ambicioso que sea, carecerá de viabilidad.
El riesgo es concreto. Si no se corrige el rumbo, el país puede ingresar en una fase de inestabilidad más profunda, que nos coloque ante dinámicas propias de un Estado fallido, donde la pérdida de control, legitimidad y eficacia del Estado compromete seriamente su funcionamiento y su capacidad de responder a los desafíos económicos y sociales.
El punto de inflexión es claro: el país se encamina a una decisión marcada más por el hartazgo que por la deliberación. El riesgo es que ese voto, en lugar de corregir el sistema, termine profundizando sus distorsiones. La magnitud de este escenario exige una toma de conciencia sobre lo que está en juego: sostener la capacidad de crecimiento, reducir brechas y generar oportunidades reales para millones de peruanos que aún esperan mejoras concretas en su calidad de vida. Sin un Estado funcional y una política orientada a resultados, ese horizonte se vuelve cada vez más incierto.
El país no necesita más diagnósticos ni ajustes superficiales. Necesita decisiones firmes que rompan con las prácticas que han debilitado al Estado.
Superar este momento exige decisiones concretas desde el inicio. El próximo gobierno deberá demostrar, en sus primeros 100 días, una clara voluntad de cambio mediante acciones verificables: desmontar las redes de clientelaje en los ministerios y entidades públicas, restablecer la meritocracia como principio rector de la gestión pública; conformar equipos de trabajo estables que aseguren continuidad en las políticas; replantear el enfoque frente a la inseguridad, pasando de una visión limitada de seguridad ciudadana a una estrategia integral de seguridad y defensa nacional; y revisar el uso del presupuesto público para orientarlo de manera efectiva hacia el desarrollo, la inversión y la generación de oportunidades.
Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y reconstruir las bases de un país más estable, justo y con futuro. El desenlace no está escrito: dependerá de las decisiones que tomemos como sociedad y del voto que emitamos.
