No cabe duda que, para el próximo gobierno, la inseguridad ciudadana se plantea como el principal reto a superar, ¿pero que nos ofrecen los planes de gobierno de nuestros candidatos al respecto?; la gran mayoría identifica bien los indicadores del problema, (niveles de victimización, bajas tasas de denuncia, percepción generalizada de inseguridad, corrupción institucional, falta de recursos institucionales); pero consideramos se quedan limitados cuando plantean sus propuestas de acción desde el modelo de seguridad vigente (seguridad con enfoque local) y no proponen la modificación integral del modelo de lucha.
La prueba más reciente fue plantear, desde el gobierno, el uso de la teoría de las “ventanas rotas” como marco conceptual del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 – 2028, porqué esta teoría sirven para ordenar el espacio público, pero no para enfrentar economías ilegales, redes de extorsión o estructuras criminales que mueven miles de millones de dólares. El problema ya no es el desorden urbano; es la disputa por el control del Estado.
Esa es la dimensión real del desafío. El crimen organizado no solo delinque: ocupa territorios, infiltra instituciones, lava dinero en la economía formal y condiciona decisiones públicas. Pretender enfrentarlo con un modelo de seguridad ciudadana fragmentado es ingenuo.
El nuevo gobierno debe partir de una premisa básica: no es suficiente mejorar lo existente, es necesario cambiar de modelo, pasando de un enfoque de seguridad ciudadana local a un sistema de seguridad con perspectiva de seguridad y defensa nacional. Y esto, además, exige adoptar un modelo híbrido, donde los recursos públicos y privados se articulen en función de la seguridad del país. La participación del sector privado —en tecnología, información, infraestructura crítica y prevención— no puede seguir siendo marginal. Frente a economías ilegales que penetran mercados formales, la respuesta del Estado debe integrar capacidades estatales y privadas bajo una misma estrategia.
Ese cambio exige conducción. No más coordinación difusa. La dirección del sistema debe recaer en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como único organismo de nivel constitucional, con capacidad real de decisión y alineamiento institucional.
Todo este cambio requiere una reforma legal profunda que, partiendo desde lo constitucional, implemente una nueva arquitectura jurídica, donde el derecho penal considere al delincuente como un enemigo de la sociedad y permita al Estado mayor capacidad de investigación, procedimientos más ágiles, mecanismos de anticipación y actuación preventiva, pero, sobre todo, permita la intervención directa sobre las economías ilegales. No basta con capturar operadores; es imprescindible desarticular mercados ilícitos, intervenir sus cadenas de valor, bloquear sus flujos financieros y afectar los espacios económicos donde el crimen se reproduce. Sin golpear la base económica del delito, cualquier reforma penal seguirá siendo insuficiente.
Ahora bien, esta transformación tomará tiempo, pero el país no puede esperar; por eso, el nuevo gobierno deberá consensuar con todas las fuerzas políticas, la presentación de un Decreto Supremo que cree una norma de excepción, que dure entre 12 y 18 meses, que regule los procedimientos simplificados de identificación, ubicación, captura, juzgamiento y encarcelamiento de los integrantes del crimen organizado, control de armas y explosivos, y brinde a la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, nuevas reglas de enfrentamiento para alcanzar el control territorial de las zonas rojas del delito e intervención de las economías ilegales.
En el marco de esta reforma hay, además, cuatro frentes que no admiten demora. El primero es el sistema penitenciario. Hoy las cárceles no contienen el crimen: lo organizan. Intervenirlas es una condición básica de cualquier estrategia seria. El segundo es la corrupción. El crimen organizado no opera solo por su capacidad propia, sino por las redes de protección que encuentra dentro del Estado. Romper el clientelaje, recuperar la meritocracia y sancionar con firmeza la corrupción interna es tan importante como cualquier operativo policial.
Tercero, la inteligencia. ¿Si las economías ilegales mueven alrededor de 12 mil millones de dólares? La pregunta evidente y molesta es, ¿dónde está ese dinero? Y la respuesta es aún más incómoda: está circulando dentro del sistema económico formal. Esto revela una falla estructural. El problema no es solo criminal, es financiero. Por eso, la clave no es únicamente capturar delincuentes, sino seguir el dinero, identificar las redes económicas que lo sostienen y desarticularlas. Sin una estrategia financiera agresiva, el crimen organizado no se debilita: se recicla. En este punto, la extinción de dominio debe convertirse en una herramienta central de la política de seguridad, no como un mecanismo accesorio, sino como un instrumento sistemático para despojar a las organizaciones criminales de sus activos y romper los incentivos que sostienen su expansión. Golpear el patrimonio ilícito es, en la práctica, golpear el corazón del crimen organizado.
Finalmente, el cuarto frente está constituido por un límite obvio: los recursos. Sin presupuesto, no hay política de seguridad. El gobierno debe tomar decisiones inmediatas, pero también estructurales. No se trata solo de asignar más dinero, sino de reordenar el gasto público. Hoy el Estado enfrenta un problema de dispersión y descontrol del gasto que impide priorizar adecuadamente. Por ello, el nuevo gobierno debe recuperar disciplina fiscal, eliminar gastos ineficientes y establecer prioridades claras, colocando a la seguridad como eje central. En ese marco, fortalecer el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional creado por la Ley N 28455, orientándolo estratégicamente a la lucha contra el crimen organizado, es un paso indispensable. Lo mismo que reasignar recursos hacia inteligencia, tecnología e intervención territorial. Sin una decisión política de priorización presupuestal, cualquier reforma seguirá siendo declarativa.
El Perú está en un punto de quiebre. Puede seguir procastinando el problema o empezar a resolverlo. Lo primero nos conduce a ser un Estado fallido. Lo segundo exige decisiones que, aunque difíciles, son inevitables.
Y es que, urge entender que, la seguridad, hoy, no es solo un tema de orden público. Es, en esencia, una cuestión de poder.
Luis Herrera Romero
Analista político y experto en seguridad
¹Wilson, James y Kelling, George. The pólice and neighborhood safety. BROKEN WINDOWS. The Atlantic Monthly. Marzo 1982. Pág 29.
La “teoría de las ventanas rotas” postula que los signos visibles de desorden (ventanas rotas, basura, grafitis, vandalismo) generan una percepción de abandono que incentiva la escalada de conductas antisociales y delictivas; lo que incrementa gradualmente los delitos menores. Es un teoría que se orienta desde la prevención temprana.
