El “motín político” realizado por Pedro Castillo y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno, azuzando la movilización para enfrentar al Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación, para que aquellos no cumplan su función, incurre en delito de motín y es motivo suficiente para votar la vacancia presidencial de una vez.
El cinismo político ha llegado al extremo en el Gobierno de Pedro Castillo; el “motín” celebrado anoche en Palacio de Gobierno con la presunta reunión “espontánea” de una portátil para lanzar hurras presidenciales e insultos en contra del Congreso de la República y Fiscalía de la Nación, muestra un alto nivel de desesperación de quienes se sienten acorralados por los efectos de sus propios errores.
La historia debe ser contada con verdad, Castillo está en problemas judiciales, no porque hable mal, sea de izquierda, serrano o sindicalista; sino porque permitió o se involucró en actos de corrupción. Aun cuando tenga la presunción de inocencia a su favor; la acumulación de indicios en su contra cuestiona directamente su capacidad moral para gobernar, lo que afecta todos los ámbitos de la vida social y económica del país.
Castillo tendría presencia positiva en la historia del país, si hubiera tenido la intención de contar con personas capacitadas para la gestión de Gobierno; por el contrario, se rodeó de personas cuestionadas, sin experiencia y que implementaron, como estilo de gestión, el compadrazgo y la búsqueda de beneficios personales.
La fiscalía lo investiga por la presunta comisión de delitos de corrupción y no, como falsamente señala el presidente Pedro Castillo por ser un hombre de pueblo; este discurso en el fondo es un insulto para millones de peruanos nacidos en provincia, que con esfuerzo e inteligencia salieron adelante en la ciudad, formando a sus hijos honradamente y sin depender de la ayuda del Estado.
Castillo y sus ministros organizaron una reunión tumultuaria en Palacio de Gobierno, atribuyéndose el derecho del pueblo e incitando a marchar en contra del Congreso de la República y de la Fiscalía de la Nación, para evitar que realicen sus actividades constitucionalmente otorgadas. Aquello configuraría la comisión del delito penal de motín consagrado en el artículo N° 348 del Código Penal, que señala:
“El que, en forma tumultuaria, empleando violencia contra las personas o fuerza en las cosas, se atribuye los derechos del pueblo y peticiona en nombre de éste para exigir de la autoridad la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”.
Además, esta conducta, que trataría de impedir el normal funcionamiento del Congreso de la República y de la Fiscalía de la Nación, es pasible de acusación constitucional prevista en el artículo 117 de la Constitución Política, el cual señala:
“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
En cualquier caso, esta conducta termina de configurar una incapacidad moral permanente; porque siendo él, quien personifica a la nación y es responsable de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los organismos jurisdiccionales, pretende sustraerse de las mismas y para ello convoca marchas creando zozobra e inestabilidad en el país, ¿si eso no es inmoral, entonces que lo es? Por ello, si el Poder Legislativo, no se reúna y vota de una vez la vacancia del presidente de la República, será cómplice de su propio cierre.
En las próximas horas seremos testigos de la posición que adopten las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; así como, los congresistas “niños” o no “niños”. Ya no hay posibilidad de adoptar posiciones a medias ni ponerse de costado; la estabilidad del país está en juego y no hay muchas horas para protegerlo.
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