No cabe duda que el discurso de la presidenta Dina Boluarte pasará a la historia no solo por haber sido el más largo de las últimas décadas y ofrecer un gasto público cercano a los 69 000 millones de soles, en un contexto de reducción de la recaudación tributaria y casi paralización de la inversión privada; sino, principalmente, por haberse olvidado de la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la delincuencia.
De las 292 acciones de Gobierno que la presidenta de la República ofreció realizar, ninguna de ellas implica una inversión para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional Perú, en cuanto a personal, infraestructura, equipamiento, tecnología o comunicación; lo que nos muestra que existe una ceguera desde el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros, respecto de los verdaderos factores que afectan la capacidad del Estado para enfrentar a la delincuencia en todas su dimensiones.
Para estos funcionarios la lucha contra la delincuencia se supera únicamente con la modificación del Código Penal, ley de control de armas, expulsión de extranjeros o incremento de penas, lo que demuestra una desconexión con la realidad. La delincuencia es cada día más violenta y las normas penales no les causa temor, porque saben que el modelo procesal penal garantista les brinda ventaja sobre la acción del Estado. En relación a este tema y necesidad de cambiar la forma de enfrentar la delincuencia, el discurso no dijo nada.
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Lo grave es que el Ministerio del Interior presenta como una propuesta idónea, la creación de la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana; propuesta peligrosa; ya que es como crear un nuevo tipo de serenazgo que puede llegar a funcionar como una milicia regulada y pagada por el Ministerio del Interior. Esta propuesta es igual de peligrosa como lo fue el pedido de incorporar en la función policial a las rondas campesinas en la época del Gobierno de Pedro Castillo.
Por otro lado, las palabras del primer ministro respecto a que esta nueva categoría de policía está dirigido para los “NINI” (persona que no estudia ni trabaja); no hace otra cosa que destruir el principio de vocación de servicio que todo buen policía tiene consigo; maltrato innecesario hacia una institución y su personal que con sus limitados recursos, lucha día a día contra la delincuencia; es por esa razón, que consideramos que el ministro del Interior, como Oficial General PNP en retiro debería renunciar por decoro y el primer ministro, al menos, pedir disculpas a la institución policial.
Si el gobierno de la señora Boluarte no entiende que la lucha contra la delincuencia pasa por reformar el modelo procesal penal, devolver la investigación criminal a la Policía Nacional e invertir en criminalistas, acciones de inteligencia y tecnología para la institución, seguiremos siendo derrotados por el terror de la delincuencia.
Señora presidenta, ¡ponga las cosas en orden!
