La explosión de una granada de guerra en una discoteca de San Juan de Lurigancho, con un saldo de por lo menos 10 heridos, es una muestra más que el delito común y el crimen organizado en el Perú, avanzan día a día en vesania y ferocidad para extorsionar e intimidar a los empresarios, emprendedores y sociedad en general, en su afán de dominar y hacer crecer el mercado del delito, que maneja millones de dólares provenientes del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal, y otros delitos conexos, etc.
A horas de los hechos, el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que reforzaría la seguridad en el distrito con 250 hombres adicionales, provenientes de la Dirección de Operaciones Especiales y la División Policial de San Juan de Lurigancho, conocida como la DIVPOL Este 1; que se encargarían de realizar labores de inteligencia e investigación.
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Irónicamente, como burlándose de lo dicho por el ministro del Interior, el crimen organizado volvió a detonar, hoy, 18 de setiembre, un segundo aparato explosivo en un local de eventos sociales ubicados en el distrito. Esto nos muestra la impunidad con la que actúan estos delincuentes y la debilidad del plan de acción dispuesto desde el Ministerio del Interior; el cual sigue apostando a la presencia policial en las calles como su principal, y hasta ahora, única estrategia de lucha contra la delincuencia.
La gravedad de la situación ha llevado a que, desde Nueva York, la presidente de la República anuncie la declaración de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana en Piura, para combatir este flagelo; sin embargo, queda la duda respecto de la efectividad de esta medida, considerando que no es la primera vez, que se declara en emergencia Lima Metropolitana y el Callao, producto del crecimiento de la inseguridad ciudadana; sin que se haya solucionado el problema.
En lo que va del año, solo en San Juan de Lurigancho, se han denunciado 16 717 hechos delictivos, lo que indica, considerando la tasa de no denuncia de (83%), que en realidad en el distrito habrían ocurrido 97 747 delitos que han afectado aproximadamente a 100 mil ciudadanos en el distrito.
Si bien, el Decreto Legislativo n° 1095 y la Resolución Suprema n° 013-2023-DE, establecen los procedimientos para la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el control interno en zonas declaradas en Estado de Emergencia, esto no reemplaza, ni mucho menos, otorga la capacidad que debe tener la Policía Nacional para investigar y neutralizar el delito.
Por ello, la discrepancia con la estrategia dispuesta, pues no se trata de desvestir un santo para vestir otro; es decir, no podemos solamente mover cantidad de personal policial de sus unidades a los distritos para que enfrenten el delito; si a este personal no lo dotamos de un plan operativo, de recursos logísticos como unidades vehiculares particulares para las labores de inteligencia, y tecnología como sistemas de geolocalización de llamadas y monitoreo de redes sociales; siempre el delito se moverá más rápido que nuestras fuerzas policiales; la terquedad o ceguera del ministro no solo compromete la estrategia, sino que pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos.
No olvidemos, que, según el portal – amigable MEF – del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior todavía tiene a la fecha saldos por ejecutar de aproximadamente 360 millones de soles; los cuales, a través de un decreto de urgencia, muy bien pueden ser utilizados vía contratación directa o gobierno a gobierno, para equipar rápida e inteligentemente a nuestras fuerzas policiales; dada la urgencia de derrotar al crimen organizado.
Dentro de esta problemática, dos temas adicionales deben llamar nuestra atención; el primero, es el impacto de la inseguridad ciudadana en la economía nacional, los últimos indicadores sobre la caída de la inversión privada reflejan la aversión al riesgo de todo inversionista ¿Quién invierte si existe el riesgo de ser extorsionado?, y segundo, es el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia como elemento de apoyo en esta lucha. ¿Están colaborando o no en la lucha contra el crimen organizado?, pregunta que requiere respuesta, si es que realmente queremos implementar una estrategia integral de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. No se trata de estar más armados que los delincuentes, sino de ser más inteligentes que ellos.
¡Cambiar la estrategia, ahora!
Porque no lo hizo en su gestión ?? Que resultados tiene usted para creerle, en materia de seguridad ??